LA PAZ, Bolivia (EFE).— El presidente de Bolivia, Evo Morales, y la oposición se mantienen inflexibles en sus posturas y ataques mutuos, y la tensión en el país sigue aumentando a pesar de los llamados al diálogo para frenar la violencia desatada en torno a la Asamblea Constituyente. "Evo ha lanzado muchas veces llamados al diálogo, pero luego ofrece posiciones duras y radicales", opinó ayer el alcalde de la ciudad andina de Potosí, el izquierdista moderado René Joaquino, en entrevista con el diario paceño La Prensa.
Según Joaquino, líder de una corriente de izquierda distante del actual mandatario, "cuando le conviene, Evo se ubica en posición de confrontación, pero cuando la situación se complica por la fuerza de la oposición y las regiones, entonces pide diálogo".
Los líderes de la rica región de Santa Cruz han convocado a todas los gobernaciones, dirigentes cívicos y a miembros de la Asamblea Constituyente a iniciar mañana lunes una huelga de hambre "nacional e indefinida" y a la "resistencia civil".
Por otra parte, los poderosos gobernadores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, todos opositores a Morales, iniciarán también mañana lunes una gira por EU para presentar denuncias contra el gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), informó el diario paceño La Razón. Las intrasigentes declaraciones de Morales y la gira de los gobernadores echan por tierra los llamados al diálogo que han hecho ambas partes en los últimos días para intentar frenar la violencia y la creciente tensión política.
La crisis la desató el oficialismo cuando aprobó en primera instancia el proyecto de nueva Constitución de Morales, sin presencia de la oposición —a la que impidieron por la fuerza acceso al debate— y en un colegio militar de Sucre, en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos.
De esta forma, únicamente 136 de los 255 constituyentes titulares aprobaron ese proyecto a mano alzada, sin comprobar el sufragio y sin siquiera leer el texto impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS, gubernamental).
La situación se agravó el miércoles pasado, cuando parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria de la Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron pagar un bono con parte de los presupuestos regionales.